
Caso Rudnev: ONG internacionales acudieron al Gobierno de Milei y reclaman investigar al fiscal Arrigo
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- La causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presunta trata de personas en Bariloche, sumó un nuevo frente, ya que organizaciones interna...
Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) -- La causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, investigado por presunta trata de personas en Bariloche, sumó un nuevo frente, ya que organizaciones internacionales presentaron reclamos ante organismos del Gobierno de Javier Milei para que se examine la actuación del fiscal federal Fernando Arrigo.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, las presentaciones llegaron al Ministerio de Justicia de la Nación y a dependencias vinculadas con los derechos humanos, y las entidades impulsoras anticiparon que sostendrán sus cuestionamientos hasta que se investiguen las presuntas irregularidades denunciadas.
Las comunicaciones, enviadas durante la primera quincena de noviembre, dieron origen a dos expedientes administrativos en la cartera que encabeza la política judicial del Gobierno Nacional. Las gestiones quedaron documentadas en correos electrónicos y respuestas oficiales de la cartera judicial.
Entre las entidades firmantes figuran el American Council for Justice and Conflict Resolution (ACJCR), la European Muslim Initiative for Social Cohesion (EMISCO) y la organización francesa Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP Freedom of Conscience).
Todas las comunicaciones remiten al expediente judicial FGR 2878/2025, en el que se investiga a Rudnev y a otras personas, y coinciden en un mismo planteo: que la actuación del fiscal sea revisada por las instancias disciplinarias y que el Estado nacional tome conocimiento formal de los cuestionamientos.
La primera de esas presentaciones corresponde al ACJCR. Su presidente y director ejecutivo, Stephen Eric Bronner, envió el 7 de noviembre de 2026 una comunicación a distintas direcciones del Ministerio de Justicia, acompañada de una denuncia disciplinaria contra Arrigo que, según la organización, ya había sido registrada por la Procuración General de la Nación.
La entidad argumentó que el caso involucra derechos humanos, libertad religiosa y garantías del debido proceso, y que por eso resultaba necesario ponerlo en conocimiento de las autoridades nacionales.
El 11 de noviembre, el Ministerio de Justicia respondió y confirmó la apertura del expediente administrativo EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ.
La comunicación, enviada desde la Dirección de Gestión Documental y Despacho, informó que las actuaciones serían giradas a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
En la misma fecha, Thierry Valle, presidente de CAP Freedom of Conscience, entidad francesa dedicada a la defensa de la libertad de conciencia y religión, remitió un correo similar.
Valle informó que la organización había presentado una denuncia disciplinaria ante la Procuración General por la actuación de Arrigo y elevó los antecedentes al Ministerio de Justicia. La organización, que declara tener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), pidió atención sobre las garantías procesales y los derechos fundamentales en juego, en un expediente que, a su entender, merece la atención de las autoridades argentinas.
Esa presentación también obtuvo respuesta oficial el 11 de noviembre, con la comunicación del mismo expediente EX-2026-109240871-APN-DGDYD#MJ y su futura derivación a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La documentación revela que distintas organizaciones recurrieron a canales institucionales del Poder Ejecutivo para trasladar sus objeciones sobre una investigación judicial en curso.
A esas gestiones se sumó EMISCO. Su secretario general, Bashy Quraishy, envió comunicaciones el 12 y el 13 de noviembre a dependencias del Ministerio de Justicia y al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, en las que informó sobre una denuncia disciplinaria presentada ante la Procuración General y pidió que se tomara conocimiento de su contenido.
“Consideramos oportuno ponerla en su conocimiento atento a la relevancia de las cuestiones que plantea en materia de derechos humanos, libertad religiosa y garantías del debido proceso”, señaló la organización.
El Ministerio confirmó la recepción el 13 de noviembre y la registró bajo un segundo expediente, también con destino a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Las tres organizaciones coinciden en cuestionar aspectos de la investigación penal y en reclamar que se revise la conducta de los funcionarios intervinientes, en línea con las denuncias previas radicadas ante la Procuración General de la Nación, donde se solicitó examinar el desempeño del fiscal Arrigo en el marco de la investigación que tramita en Bariloche.
En ese marco, Tamara Rudneva, esposa del imputado, sostuvo que el caso ya excede la situación personal de su marido y se transformó en un debate sobre el funcionamiento de la Justicia argentina.
“Más allá del destino personal de Rudnev, este caso se ha convertido en una prueba para el sistema judicial argentino”, afirmó.
Asimismo, aseguró que las organizaciones internacionales continuarán impulsando reclamos mientras no se esclarezcan las irregularidades que atribuyen a la investigación.
Rudneva citó además el libro "Justicia peligrosa", una publicación crítica del proceso, como uno de los antecedentes que respaldan los cuestionamientos de su entorno.
“El libro ‘Justicia peligrosa’ documenta graves irregularidades en la actuación de los fiscales y jueces que han llevado el caso: desde el uso acrítico de informes de medios extranjeros y de traducciones automáticas como pruebas, hasta la aplicación reiterada de la prisión preventiva a una persona enferma y el trato dado a la presunta víctima”, expresó.
“Cuanto más dilate la acusación el proceso -y parece que esa es precisamente su intención-, mayor será la probabilidad de que salgan a la luz nuevas irregularidades”, advirtió Rudneva, quien atribuyó a la Fiscalía una estrategia de prolongación de las actuaciones.
“Las organizaciones de derechos humanos de todo el mundo seguirán exigiendo una investigación exhaustiva. Si se confirman las presuntas falsificaciones y abusos, los responsables deberán rendir cuentas”, remarcó.
Rudneva consideró que, si esas denuncias llegan a esclarecerse, debería evaluarse la continuidad en sus cargos de los funcionarios involucrados.
En sus declaraciones, la esposa del ciudadano ruso fue más allá y sostuvo que la demora del expediente responde a una estrategia deliberada.
“Creemos que la Fiscalía dilata la causa para presionar a las personas imputadas”, afirmó. Según explicó, organizaciones argentinas de la sociedad civil con las que mantiene contacto le aseguraron que “conocen bien esta práctica”.
“Según nos explican, se recurre a la prisión preventiva y se prolonga el proceso para presionar a los imputados hasta que firmen una confesión de hechos que no cometieron”, cerró.
Agencia NA