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La Justicia intima al Ejecutivo por el financiamiento universitario tras el fracaso de la paritaria

El juez Martín Cormick emplazó al Gobierno a presentar un informe en un plazo de tres días sobre la aplicación de la Ley de Fondos para las universidades públicas. En paralelo, la oferta salarial del 3% fue rechazada y la comunidad universitaria confirmó una nueva jornada de paro.

La Justicia intima al Ejecutivo por el financiamiento universitario tras el fracaso de la paritaria

El juez Martín Cormick emplazó al Gobierno a presentar un informe en un plazo de tres días sobre la aplicación de la Ley de Fondos para las universidades públicas. En paralelo, la oferta salarial del 3% fue rechazada y la comunidad universitaria confirmó una nueva jornada de paro.

La disputa judicial y salarial entre el Poder Ejecutivo y el sector universitario nacional sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Tras no llegar a un acuerdo en la última mesa paritaria, el magistrado del fuero Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, otorgó un ultimátum de tres días al Gobierno nacional para que detalle el estado de ejecución y cumplimiento de la medida cautelar firme que ampara la Ley de Financiamiento Universitario. El juez advirtió que, de no mediar respuestas concretas, avanzará con la ejecución de la sentencia.

El fallo judicial coincide con el estancamiento de las negociaciones paritarias llevadas a cabo por el Ministerio de Capital Humano. Durante el último encuentro, los representantes de la cartera nacional formalizaron una propuesta de recomposición salarial de apenas el 3%, una cifra catalogada como insuficiente por los gremios docentes y nodocentes de las distintas casas de altos estudios.

Ante este escenario, las federaciones universitarias ratificaron su plan de lucha y anunciaron la realización de una nueva medida de fuerza nacional. El paro afectará el dictado de clases y el normal funcionamiento de las universidades públicas, mientras la comunidad educativa exige tanto un ajuste salarial acorde a la inflación como el cumplimiento de los fondos garantizados por la ley.

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