El Gobierno delegó en San Juan y otras ocho provincias la potestad de cobrar peaje en rutas nacionales.
Mediante el decreto 253/2026, el Ejecutivo nacional autorizó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorio.
La medida habilita a las provincias beneficiadas a administrar, reparar, ampliar, conservar y mantener tramos de rutas nacionales a través de concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos. La delegación de competencias tiene carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y en ningún caso implica la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre las vías involucradas.
Bajo el nuevo esquema, las provincias quedan facultadas para aprobar la documentación licitatoria, convocar a concursos y llevar adelante todos los pasos del proceso de selección del concesionario. Sin embargo, Vialidad Nacional conservará la supervisión técnica del servicio y exigirá a cada provincia la presentación de un plan de obras con cronograma, justificación técnica, fuente de financiamiento, condiciones económicas de la concesión, tarifas máximas de peaje y plazo proyectado.
El decreto establece además que los fondos recaudados mediante el peaje deberán destinarse exclusivamente al tramo intervenido, sin posibilidad de redirigirlos a otras obras, aunque tengan vinculación con el corredor en cuestión. La medida redistribuye así las responsabilidades: las provincias asumen la confección de pliegos, la ejecución de obras y la fijación de tarifas, mientras que la Nación retiene el rol de contralor técnico.
