El intendente de Angaco defendió ante la Justicia el acuerdo que la Fiscalía quiere anular.
El jefe comunal José Castro compareció este viernes en los Tribunales de San Juan para respaldar el mecanismo de conciliación que el Concejo Deliberante aprobó a su favor, en el marco de la causa que lo tiene como imputado por presunta malversación de fondos públicos municipales.
La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi se opuso con firmeza y advirtió que este tipo de salidas alternativas generan impunidad en casos de corrupción. El tribunal fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo, fecha en la que podrían definirse los pasos a seguir en el proceso.
La defensa pide frenar el trámite
El abogado Marcelo Fernández, quien encabeza la defensa del intendente, solicitó al tribunal que suspenda el avance de la causa hasta tanto se resuelva si el acuerdo aprobado por el cuerpo legislativo local tiene validez jurídica. A su criterio, la ordenanza mediante la cual el Concejo Deliberante expresó su respaldo al convenio constituye un instrumento legítimo y suficiente para cerrar el conflicto penal.
El letrado también cuestionó la velocidad con la que el Ministerio Público Fiscal reaccionó tras la aprobación del acuerdo. Señaló que tanto la denuncia como la convocatoria a audiencia se produjeron en plazos llamativamente breves, y remarcó que Castro se puso a disposición de la Justicia desde el inicio.
La fiscal advierte sobre impunidad institucional
Gerarduzzi rechazó de plano los planteos de la defensa. Argumentó que los delitos contra la administración pública no admiten vías alternativas de resolución, dado que el bien jurídico en juego es el correcto funcionamiento del Estado y la integridad del patrimonio público. Subrayó que el intendente, en su rol de funcionario, es garante del interés colectivo y no puede equipararse a una parte privada en un conflicto susceptible de conciliación.
La representante del Ministerio Público fue categórica al señalar que habilitar este tipo de acuerdos equivale a construir un escudo de impunidad mediante negociaciones políticas orientadas a eludir el juicio oral. También cuestionó la intervención del Concejo Deliberante, al sostener que ese cuerpo carece de facultades para perdonar ofensas contra el orden público.
Gerarduzzi destacó además la gravedad particular del caso: Castro se encuentra en pleno ejercicio de un nuevo mandato al frente del municipio, por lo que —a su juicio— permitir la extinción de la acción penal enviaría un mensaje profundamente negativo a la ciudadanía que le otorgó su confianza en las urnas.
Cómo surgió el acuerdo
La polémica se desencadenó cuando Castro, antes de que comenzara el debate oral en su contra, remitió al Concejo Deliberante una propuesta de conciliación con el objetivo de clausurar el proceso penal. El proyecto contemplaba la donación de cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del daño ocasionado.
La iniciativa fue aprobada en sesión extraordinaria con los votos afirmativos de los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. El edil Andrés Olivera rechazó la propuesta, mientras que Gloria Herrera optó por la abstención. Con esa mayoría simple, el acuerdo quedó habilitado y fue presentado ante la Justicia por la defensa del intendente como fundamento para extinguir la acción penal.
El juicio oral estaba programado para el 23 de febrero de 2026, ante el tribunal compuesto por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe. Sin embargo, el inicio del debate fue suspendido a la espera de que el Ministerio Público Fiscal se expidiera sobre la validez del convenio. El 20 de marzo se sabrá si Castro podrá evitar el juicio o deberá enfrentarlo.
