El IPV intensifica controles: detectó más de 400 viviendas irregulares y ya revocó 40 adjudicaciones
El Instituto Provincial de la Vivienda profundiza sus operativos en todos los departamentos para recuperar inmuebles deshabitados o mal utilizados, con el objetivo de redistribuirlos entre los casi 100.000 sanjuaninos que esperan una vivienda propia.
Desde 2025, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) intensificó sus operativos de control en todos los departamentos de San Juan, apuntando a identificar irregularidades tanto en barrios tradicionales como en conjuntos habitacionales recientemente inaugurados. La directora Elina Peralta confirmó en radio Sarmiento que entre 300 y 400 propiedades permanecen deshabitadas, muchas de ellas detectadas a través de denuncias ciudadanas.
“Se detectaron más de 300 casas deshabitadas a través de denuncias, hoy tenemos focalizadas entre 300 y 400.”
Para agilizar la recuperación de los inmuebles, el organismo conformó un equipo de seguimiento destinado a evitar que los expedientes queden frenados en la burocracia. De los 100 casos en los que se avanzó, 40 viviendas ya cuentan con revocaciones en primera instancia legal. La meta es reincorporar esas unidades a los sorteos públicos y dar respuesta a la extensa lista de espera.
Durante las inspecciones se detectaron maniobras para simular ocupación: colocación de muebles, pequeñas ampliaciones y fotografías engañosas. Sin embargo, el cruce con registros de servicios públicos permite exponer la realidad: "el medidor tiene cero consumo", señaló Peralta, dato que se convierte en prueba clave para los expedientes.
"El sistema del IPV es solidario y ya no depende de fondos nacionales."
— Elina Peralta, directora del IPV
La funcionaria reclamó una ley provincial que permita acortar los tiempos judiciales y acelerar la disposición de las viviendas recuperadas. Paralelamente, el IPV trabaja en la reactivación del programa Procrear para sortear departamentos destinados a la clase media, usando el bolillero de la Caja de Acción Social para garantizar transparencia.
La sostenibilidad del plan depende hoy exclusivamente del esfuerzo provincial, lo que convierte la morosidad —que alcanza el 50% de los beneficiarios— en un problema crítico. El organismo inició intimaciones formales a familias con capacidad de pago y, según Peralta, el compromiso de los beneficiarios actuales es el único motor que puede financiar el techo de las próximas familias.
