Mas Complicado: El Intendente de Angaco enfrenta nueva causa penal por presunto "pacto de impunidad"
La situación procesal del jefe comunal de Angaco, José Castro, se complica aún más. A la causa original por presunta malversación de fondos públicos se suma ahora una nueva investigación penal que lo volverá a sentar frente a un juez en los próximos días.
Tras la audiencia celebrada este viernes en los Tribunales provinciales —donde la defensa solicitó la nulidad del proceso y la fiscalía cuestionó la validez del acuerdo de conciliación aprobado por el Concejo Deliberante de Angaco— trascendió que el próximo miércoles 11 de marzo, a las 16 horas, se llevará a cabo una audiencia de formalización en la que se le imputarán formalmente los delitos denunciados por la fiscal Silvana Gerarduzzi.
La audiencia se enmarca en una investigación iniciada por la UFI de Delitos Especiales a raíz de una denuncia presentada por la propia fiscal de Cámara. En esa causa también quedaron alcanzados los concejales Alberto De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, quienes respaldaron con sus votos la ordenanza que habilitó el acuerdo impulsado por el intendente.
El fiscal estudia ampliar los cargos
El fiscal Francisco Nicolía analiza la documentación reunida para determinar si solicitará la apertura del proceso penal contra Castro y los ediles por los mismos delitos que ya denunció Gerarduzzi: incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y, en el caso de los concejales, encubrimiento agravado.
El origen del escándalo
La polémica estalló cuando Castro, antes de que comenzara el juicio en su contra, envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación que proponía la donación de cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño ocasionado. La maniobra buscaba lograr la suspensión del proceso penal.
La iniciativa fue aprobada en sesión extraordinaria con los votos favorables de los concejales oficialistas De los Ríos, Paredes y López. El concejal Andrés Olivera votó en contra, mientras que Gloria Herrera se abstuvo. Con esa mayoría, el acuerdo quedó plasmado en una ordenanza que la defensa presentó ante la Justicia para intentar extinguir la acción penal.
La Fiscalía: "La ordenanza es inconstitucional"
La fiscal Gerarduzzi sostiene que esa decisión legislativa podría configurar una maniobra institucional irregular, al intentar interferir en un proceso judicial mediante el dictado de una norma municipal. Desde el Ministerio Público Fiscal argumentan que los delitos contra la administración pública no admiten este tipo de salidas alternativas, dado que lo que está en juego es el correcto funcionamiento del Estado.
A esto se agrega otro cuestionamiento: la legalidad de la propia sesión extraordinaria en la que se aprobó la ordenanza, ya que este tipo de convocatorias deben responder a razones de urgencia o estar vinculadas a obras públicas, y no a la resolución de conflictos judiciales. Fuentes del caso aseguraron que la ordenanza "es inconstitucional".
La causa original
El expediente principal contra Castro se remonta a una denuncia formulada en 2019 por un exconcejal de su propio espacio político, quien lo acusó de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas.
El juicio oral estaba programado para el 23 de febrero de 2026 ante el tribunal compuesto por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, pero fue suspendido hasta que se resuelva la validez jurídica del acuerdo. Este viernes, el tribunal decidió postergar su resolución y fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo, fecha en la que se determinará si el proceso continúa su curso o si el acuerdo puede ser tenido en cuenta.
Mientras tanto, la nueva causa impulsada por la fiscal Gerarduzzi abre un frente judicial adicional para el intendente y derivará en la imputación formal tanto de Castro como de los concejales que avalaron la controvertida ordenanza.
